Experiencia de Microfinanzas en Brasil

El presidente del Banco Comunitario Palmas, con sede en Fortaleza (Ceará), Joaquim de Melo, casi fue detenido dos veces unos años atrás. Al frente de una de las experiencias de mayor éxito de las microfinanzas en Brasil, Melo fue demandado por el Banco Central por dirigir la emisión de monedas sociales que circulan en una red de 51 bancos comunitarios. 

Hoy, Melo está libre de la amenaza de acabar en la cárcel gracias a un acercamiento entre el Banco Central y los bancos comunitarios. Por lo tanto, las monedas que circulan en pequeñas comunidades con el objetivo de potenciar el desarrollo local —y que movilizaron recursos por más de US$ 23 millones en los últimos tres años— comenzaron a ser controladas por la autoridad monetaria a través de un "acuerdo de caballeros", pues la legislación brasileña no prevé la emisión de monedas paralelas al real.

El episodio es emblemático de la transición entre dos modelos de las microfinanzas en Brasil: lo que ha prevalecido hasta ahora, con base en el tercer sector —ONG, cooperación internacional y las organizaciones de la sociedad civil de interés público (OSCIP, su sigla en portugués) — y la presencia tímida del sistema financiero hacia un diseño con una fuerte participación de los bancos estatales y privados, tanto nacionales como internacionales. “Sólo recientemente los formuladores de políticas públicas y los bancos comerciales comenzaron a entender que se puede prestar a los pobres sin poner el sistema financiero en peligro”, dice Alexandre de Araújo Guerra, gerente de Acceso a Servicios Financieros del Servicio de Apoyo para la Micro y Pequeña Empresa (Sebrae, su sigla en portugués). “El Banco Central dejó de ver los bancos comunitarios como un riesgo para la moneda oficial”.
Más jugadores, más competencia
El nuevo modelo comienza a esbozar la competencia entre las instituciones financieras. En 2010 llegaron los dos primeros grupos privados extranjeros. El peruano Grupo ACP, especializado en microcrédito y propietario de Mibanco, que compró el 65% de la Rede CEAPE (Centro de Apoyo a Pequeños Empresarios), una organización sin fines de lucro ubicada en Maranhão, uno de los estados más pobres en el país.
El otro fue ACCION Internacional —líder mundial en las microfinanzas—, que se asoció con un inversor privado y creó la Sociedad Brasileña de Crédito al Microemprendedor (SMC) para actuar en la región amazónica, la de menor acceso a los servicios financieros. El Banco Grameen, fundado por el Premio Nobel Muhammad Yunus también está abriendo sus puertas en Brasil.
Al mismo tiempo, los dos mayores bancos privados —Itaú-Unibanco y Santander-Real— reorganizaron sus instituciones microfinancieras (IMF) e invierten en el desarrollo de tecnologías y atender con más rapidez, eficiencia y menor costo a la clientela. Caixa Económica Federal, el mayor banco público de América Latina, también prepara un programa de microcrédito.
Hay motivos de sobra para el apetito del sistema financiero. Más de 20 millones de micro y pequeñas empresas en zonas urbanas y rurales, que representan alrededor de US$ 21.000 millones al año en negocios, todavía no tienen acceso al crédito. 
¿Atadas al desempeño económico?
El paisaje actual de las microfinanzas en Brasil está relacionado con la mejora de las condiciones macroeconómicas. Hay un mercado prometedor en los 20 millones de brasileños que salieron de la pobreza y entraron a la clase media en los últimos años, que ya concentra el 31% de los ingresos en el país. “El futuro es de las clases populares”, Frederico Celentano, consultor de Microinvest, IMF vinculada a Itaú-Unibanco. “Muchos brasileños de bajos ingresos van a ingresar al mercado laboral y cualquier empresa o banco les echará un ojo”.

De acuerdo con el Sebrae, si se confirma el crecimiento del 5% anual del PIB por los próximos cinco años, se duplicará el volumen de préstamos a micro y pequeñas empresas, actualmente en US$ 77.000 millones. Este número equivale a sólo el 16% del total de préstamos en el país para los individuos y las empresas. Según Araújo, el crédito para la micro y pequeña empresa crece a un ritmo del 25% anual, mientras que otras carteras aumentan alrededor del 15%. "En los países andinos, el microcrédito está dirigido a los residentes más pobres y rurales”, dice, “pero en Brasil son los pequeños empresarios y microempresarios los que necesitan cada vez más de ellos”.
La buena fase también resulta de una serie de cambios en el marco jurídico, que proporcionó un entorno más favorable para los préstamos de pequeño valor para la población de menores ingresos. “No hemos alcanzado el nivel de Bangladesh, porque nuestra población es más urbana que rural”, dice el subsecretario de Política Económica del Ministério da Fazenda, Gilson Bittencourt, en referencia al Banco Grameen, que opera principalmente en las zonas rurales de la India y es una referencia importante en las microfinanzas en el mundo.
Pasado y presente
En Brasil, el sistema financiero se organizó y fortaleció antes de la formación de una red de microfinanzas. A diferencia de lo ocurrido en países como Bolivia, Perú, México y Guatemala —donde los sistemas financieros se enfocaron en las pequeñas unidades productivas y los microempresarios, los elementos dominantes de su actividad económica—, en Brasil la banca se amoldó más a proyectos de industrialización, agricultura e infraestructura física, dice el consultor Eli Moreno, que trabaja en microfinanzas desde 2001.
Fueron los bancos comunitarios y OSCIP, más especializados, quienes primero ofrecieron recursos a la población con menores ingresos, en la década del ’70 y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BIM). Pero el marco legal ha limitado durante mucho tiempo sus funciones. A diferencia del boliviano Bancosol, por ejemplo, que actúa como una institución financiera total —con cuentas corrientes y captación de ahorros de la población—, las leyes brasileñas prohíben dichas operaciones a las IMF.
Esta brecha facilitó la aparición de financieras, que cubrían la falta de crédito al consumo en sociedad con tiendas minoristas y compensaban el impago elevado con tasas de interés muy altas. En los últimos años, con la expansión de la oferta de crédito, gran parte de esas financieras colapsó.
El hecho es que el progreso del sistema financiero brasileño funcionó como una barrera de entrada para nuevos jugadores y el sector público adquirió peso. La banca —especialmente la pública—ha intentado acercarse a los más pobres desde hace quince años. Hoy en Brasil existen unas 200 IMF privadas y estatales, aunque la mayor cartera del país —690.000 clientes activos— pertenece a CrediAmigo, una entidad propiedad de un banco público, el Banco del Nordeste. Más allá de CrediAmigo, las demás entidades no tienen aún un peso significativo para el tamaño de Brasil. La Rede CEAPE-ACP, por ejemplo, tiene unos 30.000 clientes y la gran mayoría de las restantes no supera los 2.000.
La defensa de Brasil
Bittencourt, del Ministério da Fazenda, dice que la diversidad hace que Brasil sea innovador en la forma de actuar. El país es referencia exitosa en dos experimentos: CrediAmigo y los corresponsales bancarios —desde gasolineras a puntos de venta de lotería o supermercados que ofrecen algunos servicios financieros. Los corresponsales pasaron de 70.000 en 2002 a 180.000 en 2010, y son el principal medio social para pagar cuentas, impuestos y transferir crédito en el sistema financiero. Sólo una empresa, Lemon Bank, cuenta con cerca de 6.000 gasolineras en Brasil y ha llamado la atención de varios países.
Bajo el punto de vista del gobierno, las comparaciones con otras naciones latinoamericanas muestran un país poco desarrollado en las microfinanzas porque los criterios están equivocados. Según Bittencourt, el concepto de microcrédito utilizado en la industria cuenta sólo para las instituciones de microcrédito productivo y las ONG. Pero en muchos países del continente las cifras incluyen los depósitos en cuentas corrientes y de ahorros, operaciones permitidas por la ley. “Bajo ese parámetro tradicional, en Brasil sólo es atendido el 10% de la demanda potencial de servicios de microfinanzas frente a un 50% a 70% en Perú”, dice.

Otra peculiaridad son los subsidios. El Programa de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Pronaf), que lleva crédito subsidiado a los agricultores pobres, no es considerado microcrédito bajo el concepto usual en América Latina, dice Bittencourt. “En la India también hay subsidios implícitos en los fondos transferidos a Grameen por los organismos multilaterales”, dice. “Cuando el concepto mundial fue aplicado en Brasil y añadimos microcrédito productivo orientado, ONG, Pronaf, préstamos de nómina, las cooperativas de crédito y los corresponsales bancarios, ciertamente nuestra posición mejora”.
Según cifras oficiales, sólo el Programa de Microcrédito Productivo movilizó en Brasil US$ 8.100 millones entre 2003 y 2010 a través de 12,2 millones de operaciones de crédito urbano y el Pronaf celebró 14,3 millones de contratos por US$ 36.200 millones que fueron a agricultores familiares.